[ACTUALIDAD DIARIA]

[J]

Basándose en motivos de orden público, como la lucha contra la incitación al odio, un Estado miembro puede imponer la obligación temporal de difundir o retransmitir una cadena de televisión procedente de otro Estado miembro únicamente mediante paquetes de pago.
No obstante, las modalidades de distribución de esa cadena no deben impedir su retransmisión propiamente dicha

(publicado en Actualidad Diaria 4028 el 4 de julio de 2019)

Baltic Media Alliance Ltd («BMA»), sociedad registrada en el Reino Unido, difunde la cadena de televisión NTV Mir Lithuania, destinada al público lituano y cuya programación es esencialmente en lengua rusa. El 18 de mayo de 2016, la Comisión Lituana de Radio y Televisión («LRTK») adoptó, de conformidad con la legislación lituana, una medida que imponía a los operadores que distribuyeran cadenas de televisión por cable o Internet a los consumidores lituanos la obligación de difundir la cadena NTV Mir Lithuania durante doce meses únicamente con arreglo a fórmulas de pago. La decisión se fundamentaba en que un programa difundido el 15 de abril de 2016 por dicha cadena contenía información que incitaba a la hostilidad y al odio por razón de la nacionalidad contra los países bálticos.
BMA interpuso un recurso ante el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Vilna, Lituania) mediante el que solicitaba la anulación de la decisión de 18 de mayo de 2016, alegando, en particular, que dicha decisión se había adoptado infringiendo la Directiva de servicios de comunicación audiovisual,  que obliga a los Estados miembros a garantizar la libertad de recepción y a no obstaculizar las retransmisiones en su territorio de emisiones televisivas procedentes de otros Estados miembros por motivos tales como medidas contra la incitación al odio. Dicho órgano jurisdiccional pregunta al Tribunal de Justicia si una decisión como la adoptada por la LRTK está comprendida en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.
Al examinar el tenor, los objetivos, el contexto y la génesis de la Directiva, tomando asimismo en consideración la jurisprudencia pertinente, el Tribunal de Justicia estima que no constituye un obstáculo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la mencionada Directiva, una medida nacional que, de forma general, persigue un objetivo de orden público y que regula las modalidades de distribución de una cadena de televisión a los consumidores del Estado miembro de recepción, ya que esas modalidades no impiden la retransmisión propiamente dicha de esa cadena. En efecto, la citada medida no establece un control secundario de la emisión de la cadena en cuestión, que se añada al que el Estado miembro de emisión tiene la obligación de efectuar.
Respecto a la medida en cuestión, el Tribunal de Justicia subraya que se desprende de las observaciones presentadas por la LRTK y por el gobierno lituano que, mediante la adopción de la Ley lituana sobre suministro de información al público, con arreglo a la cual se dictó la decisión de 18 de mayo de 2016, el legislador lituano pretendía luchar contra la difusión activa de información que desacreditara al Estado lituano y amenazase su condición de Estado, a fin de proteger la seguridad del espacio de información lituano y de garantizar y preservar el interés del público en ser informado correctamente, atendiendo a la influencia particularmente notable de la televisión en la formación de la opinión pública. La información a la que se refiere esa Ley incluye la información que inste a derrocar por la fuerza el orden constitucional lituano y a atentar contra la soberanía de Lituania, contra su integridad territorial y contra su independencia política, que consista en propaganda de guerra, que incite a la guerra o al odio, a la burla o al desprecio, a la discriminación, a la violencia o a las represalias físicas contra un grupo de personas o un miembro de ese grupo por razón, en particular, de su nacionalidad.
En sus observaciones, la LRTK precisó que la decisión de 18 de mayo de 2016 se dictó porque uno de los programas emitidos por la cadena NTV Mir Lithuania contenía información falsa que incitaba a la hostilidad y al odio basados en la nacionalidad contra los países bálticos, referente a la colaboración de los lituanos y los letones en el Holocausto y a la política interna de los países bálticos supuestamente nacionalista y neonazi, política que, según dicha información, constituía una amenaza para la minoría nacional rusa residente en el territorio de esos países. Según la LRTK, ese programa se dirigía específicamente a la minoría rusófona de Lituania y, mediante varias técnicas de propaganda, pretendía influir de manera negativa y sugerente en la opinión de ese grupo social en relación con la política interior y exterior desarrollada por Lituania, Estonia y Letonia, así como ahondar en las divisiones y la polarización de la sociedad y hace hincapié en la tensión creada por los países occidentales en la región de Europa del Este, presentando como víctima a la Federación de Rusia.
Partiendo de esta base, debe considerarse que una medida como la controvertida persigue, con carácter general, una finalidad de orden público.
Asimismo, la LRTK y el Gobierno lituano precisaron en sus observaciones que la decisión de 18 de mayo de 2016 se limita a regular las modalidades de distribución de NTV Mir Lithuania a los consumidores lituanos. Al mismo tiempo, consta que la decisión de 18 de mayo de 2016 no suspende ni prohíbe la retransmisión de esa misma cadena en el territorio lituano, pues, no obstante lo acordado en dicha decisión, puede seguir siendo difundida legalmente en dicho territorio y los consumidores lituanos pueden seguir viéndola, siempre que contraten un paquete de pago.
Por consiguiente, una medida como la controvertida no impide la retransmisión propiamente dicha en el territorio del Estado miembro de recepción de las emisiones televisivas de la cadena de televisión procedente de otro Estado miembro y objeto de esa medida. Así pues, el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que dicha medida no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (DO 2010, L 95, p. 1).